COMUNICADO DEL PJ JUSTIFICA LA BARBARIE DEL SEÑOR FEUDAL


 

Zunilda Gómez, de 33 años, estuvo aislada desde el 19 de diciembre hasta el 14 de enero en un hotel de la localidad formoseña de Clorinda. Comenzó su aislamiento embarazada de tres meses y medio. Durante esas semanas empezó a tener pérdidas. Las autoridades le permitían ir al hospital pero luego, la volvían “a tirar en el hotel”, contó. Zunilda terminó perdiendo su embarazo ahí mismo, en ese cuarto de hotel que el gobierno formoseño dispuso para su aislamiento, el de su esposo y sus tres hijos, con cuatro camas, dos sillas, una mesa, tres tenedores y un cuchillo. Cuando les dieron el cuarto estaba lleno de colillas de cigarrillo. Ellos mismos tuvieron que limpiarlo. Ella misma tuvo que seguir limpiando incluso tras perder el embarazo. Ni siquiera después de eso la autorizaron a volver a su casa, a pesar de haber dado negativo en más de un hisopado.

Su marido, Juan Gabriel Núñez Centurión, de 32 años, estuvo un mes y 5 días encerrado. En total Zunilda dice que a los 5 miembros de la familia les hicieron 5 hisopados, que en el caso de ella y sus hijos dieron siempre negativos. Al tercer hisopado les dicen que Juan Gabriel dio positivo, pero sin mostrarles un papel que lo certifique. Él no opuso resistencia para no asustar a los chicos y se dejó trasladar a Formosa Capital.

Terminó encerrado en el Cincuentenario, centro de aislamiento que ha sido reiteradamente denunciado por violación a derechos humanos básicos, y aberraciones desde el punto de vista sanitario, como la convivencia estrecha de pacientes infectados con sanos. Juan Gabriel pasó semanas en el lugar junto a 200 personas compartiendo un solo baño.

Los abusos del gobierno formoseño contra la población, haciendo uso de las fuerzas represivas con la excusa de la pandemia, tomaron mayor trascendencia a partir de la detención arbitraria por parte de la Policía de dos concejalas de la oposición, que participaban de una protesta frente al centro de aislamiento que funciona en la escuela N° 18. Las mujeres denunciaron maltrato y lesiones durante las horas que estuvieron en la comisaría.

Pero la cosa no es nueva. El cacique y pastor evangélico Abel Saravia, de la comunidad wichi Pampa de Las Lomitas, ya había denunciado que a horas de hisoparlo aparecieron dos patrulleros y una ambulancia en su casa y se lo llevaron de manera violenta sin mostrar ningún resultado.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Formosa, denunció la situación de las comunidades Wichi, luego de que el gobierno formoseño reprimiera una manifestación de pobladores de Ramón Lista, que protestaban porque no les permiten el paso a El Chorro para poder cobrar sus haberes.

El vicepresidente del Inai, Luis Pilkiman, contó que el organismo interviene ante la denuncia de una comunidad de Ingeniero Juárez, por la detención injustificada de cuatro personas que fueron a pedir datos sobre dónde están aislados sus familiares.

Otra historia ilustrativa es la del hombre que recibió la autorización para ingresar al territorio provincial, meses después de haber fallecido. Se trataba de un policía enfermo de cáncer, que cruzó al Chaco a hacerse estudios y nunca pudo volver a Formosa. Murió del otro lado de la frontera y su esposa recibió la autorización meses después.

La situación de los miles de varados en el límite formoseño, a quienes Insfrán no permitía el retorno a sus hogares, trascendió a nivel mundial. Amnistía Internacional pidió que la Justicia intervenga a favor de los varados y debido a la repercusión del caso, la Corte finalmente le ordenó a Insfrán que permita su ingreso

“La política sanitaria desplegada por el Gobierno provincial logró tener la menor cantidad de contagios y la menor cantidad de muertes por COVID-19 en la Argentina”, señaló un comunicado del Partido Justicialista, elogioso de Gildo Insfrán, este fin de semana, pero les faltó decir que en la provincia actualmente casi no se realizan hisopados.

Ante el pedido de intervención a la provincia, el partido justicialista asumió la defensa del caudillo que gobierna Formosa desde 1995. “No sólo es un gobernador que puede mostrar una gran gestión en su provincia, sino también es el Presidente del Congreso Nacional del PJ y un dirigente de amplia y destacada trayectoria como militante y referente de nuestro movimiento político”, se lee en el comunicado.

Para lograr su reelección indefinida en 1999 Infran impulsó una reforma de la constitución provincial, que se votó en un sesión en la que la oposición no pudo estar porque el Parlamento formoseño fue cerrado con candado. Desde entonces ha ganado sucesivamente las elecciones en medio de denuncias de clientelismo, fraude, retención de documentos.

Formosa tiene una población de 550 mil habitantes. Cerca de dos tercios de la población activa trabaja para el Estado. En 2019 alrededor del 80 % cobraba el salario mínimo y 50 mil subsistían con planes de empleo.

Formosa es la provincia con la mayor cantidad de población originaria. El modelo económico extractivista se desarrolló en Formosa a partir del menemismo y desde entonces no dejó de profundizarse. Así, viene arrasando con los derechos de las comunidades originarias, sin pausa. En este contexto, en noviembre de 2010 la Gendarmería Nacional asesinó a Roberto López en una represión al corte de la Ruta Nacional 86 que realizaba la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera).

Los resultados del censo del año 2010, muestran que Formosa es una de las provincias con mayor analfabetismo del país. El Ministerio de Salud de la Nación, confirma que la tasa de mortalidad infantil es la segunda más alta del país. El 65 % de la población habita en viviendas deficitarias. El 20 % de los hogares presenta hacinamiento, el 41% no posee agua corriente y el 31% carece de servicio eléctrico.

En 2019, cuando el índice de pobreza promedio nacional rondaba el 35%, Formosa, llegaba al 40, 1%.

 

 

 

 

 

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